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Indignación en redes sociales tras sentencia del juicio por abusos sexuales a Gisèle Pelicot: penas menores desatan protestas

Redacción


El juicio por las violaciones y agresiones sexuales sufridas por Gisèle Pelicot llegó a su fin este jueves en Aviñón con una sentencia que ha generado gran controversia, especialmente en redes sociales, donde el caso se ha convertido en tendencia. Dominique Pelicot, el principal acusado, fue condenado a 20 años de prisión, mientras que las penas para los otros 50 cómplices fueron considerablemente menores a las solicitadas por la Fiscalía, lo que ha desatado la indignación de muchos.

Pelicot, de 72 años, deberá cumplir al menos dos tercios de su condena en prisión, pero después podrá solicitar la libertad condicional. Las penas más suaves para los acusados varían desde tres años, lo que eleva el total de las condenas a más de 400 años, una cifra que queda muy por debajo de los 652 años solicitados por la Fiscalía.

Uno de los acusados principales, un hombre de 63 años, recibió una condena de 15 años tras ser declarado culpable de violar a la víctima en varias ocasiones. A pesar de que la Fiscalía había solicitado una pena mayor, este fallo se mantiene como una de las sanciones más severas.

Otro acusado importante, Jean-Pierre Maréchal, quien junto a Pelicot replicó las prácticas de sumisión química con su esposa, fue sentenciado a 12 años, tres menos de los que pedía la acusación. Además, seis de los implicados en el caso no ingresarán en prisión, ya sea por no tener penas de cárcel o por haber cumplido parte de ellas en detención provisional.

El fallo ha provocado una gran reacción en las calles, donde se agolparon cientos de personas, en su mayoría mujeres, que mostraron su descontento por las penas consideradas demasiado ligeras. “Vergüenza de Justicia”, gritaban algunos de los presentes, muchos de ellos apoyados por asociaciones feministas que han estado presentes durante todo el proceso judicial.

Este caso ha dejado al descubierto la continua lucha por la justicia para las víctimas de abusos sexuales, generando un debate profundo sobre la eficacia del sistema judicial en estos casos y la necesidad de un cambio en la manera en que se gestionan los procesos de agresión sexual en Francia.

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